Ley n ° 2016-339 de 22 de marzo de 2016, conocida como la ley Le Roux Savary "relativa a la prevención y lucha contra la incivilidad, contra los ataques a la seguridad pública y contra los actos terroristas en el transporte público de pasajeros", refuerza las prerrogativas de los transportistas. En este contexto, proporciona nuevas herramientas para fortalecer la seguridad, luchar contra el fraude y aclarar el marco para la intervención de los agentes.

Lo que hay que recordar :

• Durante la verbalización, cualquier delincuente tiene la obligación de permanecer disponible para los oficiales de control o de seguridad. De lo contrario, se enfrenta a dos meses de prisión y una multa de 7.500 euros.
• La declaración intencionada de domicilio o identidad falsa se sanciona con dos meses de prisión y una multa de 3.750 euros.
• La ley endurece la infracción habitual: de 5 infracciones registradas y no retribuidas durante un período de 12 meses, el defraudador es castigado con seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros.
• La ley también prohíbe las "mutuas de defraudadores" que cubrirían, a cambio de cotizaciones, las multas de los infractores: se prevén seis meses de prisión y una multa de 45.000 euros por incumplimiento de esta disposición.
• La denuncia de la presencia de agentes de control en las redes de transporte se sanciona con dos meses de prisión y una multa de 3.750 euros.

La lucha contra el fraude representa un gran interés para los ciudadanos y resulta fundamental encontrar colectivamente soluciones efectivas para lograr un cambio duradero de comportamiento.

Según una encuesta realizada por la CSA para la RATP en febrero de 2015, dos tercios de los viajeros con buena reputación están irritados por el comportamiento fraudulento y la incomodidad que puede causar: el 93% de los viajeros no apoya a los estafadores que se apeguen a ellos. pasar el pórtico de control y un tercio de los viajeros se indignan al ver a la gente saltar por encima de estos mismos pórticos.

Los viajeros también están de acuerdo en que el fraude tiene múltiples consecuencias negativas. La gran mayoría de ellos (83%) cree que el déficit es significativo y percibe las repercusiones: aumento de los precios para los clientes en buen estado (78%), aumento de las tarifas para las autoridades locales (75%), reducción de los presupuestos de modernización o ampliación de la red (73%), dificultades para ajustar el nivel de oferta según sea necesario (71%). En menor medida, el fraude a veces está vinculado a un sentimiento de inseguridad (60%).

La mayoría de los viajeros se dan cuenta de la importancia de luchar contra el fraude y apoyan las acciones de SNCF y RATP. Consideran que las empresas de transporte legítimas realizan acciones de lucha contra el fraude y esperan que sean más firmes: el 85% está a favor de más controles y el 88% quiere que se paguen las multas.